Las nuevas modalidades de trabajo impuestas un poco de forma obligada por la restricción a la circulación personal, nos están trayendo grandes enseñanzas a abogados, jueces y demás operadores del Poder Judicial.
Estamos resolviendo en minutos y a través de vídeollamadas o sólo llamadas telefónicas, actos procesales que antes nos demandaban una mañana entera. Ni que decir de aquellos que deben trasladarse de una ciudad a otra.
En definitiva, quien litiga de buena fe está dispuesto a permitir que las etapas del proceso se cumplan, y las transacciones, conciliaciones y demás formas de conclusión anticipada de los juicios, solo son posibles cuando la naturaleza de las peticiones y condición de las partes lo permiten. No dependen de la concurrencia personal de las partes ante un juez.
Sería genial que rápidamente se aproveche esta experiencia piloto para adoptar aquellas formas de trabajo que posibilitan las nuevas tecnologías y llevar a cabo las reformas que sean necesarias en los códigos procesales.
Teniendo a mano estos recursos tan buenos, la política pública aplicada al sistema judicial en los últimos años solo se ha caracterizado por ingeniar mecanismos de devaluación de las herramientas jurídicas, apuntando a demorar el ingreso de causas a nuestros saturados tribunales y ofreciendo formas precarizadas de resolución de conflictos, cuyo fracaso estrepitoso en materia de juicios patrimoniales es demostrado por las propias estadísticas del sistema.
La cuarentena nos puso a todos como “observadores externos” de nuestro propio trabajo, cual si fuera un proyecto de investigación.
Una gran oportunidad para pensarnos diferentes y ser creativos, inteligentes y prácticos.
El poder se usa de dos maneras: Para permanecer siempre en el mismo lugar y obtener réditos particulares, o para evolucionar.
La prudencia en lo judicial es un gran valor. Pero ser prudente no significa quedarse estancados y cavar la propia tumba.